El 28 de julio, el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela por parte de Nicolás Maduro desencadenó protestas populares en todo el país. La victoria del presidente saliente, con más del 51% de los votos, suscitó muchas dudas y una ola de indignación incluso en barrios y territorios que históricamente habían apoyado al chavismo. Su principal oponente, Edmundo González, también afirmaba haber ganado las elecciones (por un margen de 37 puntos), y publicó en Internet lo que se presentaba como una gran parte de las papeletas electorales. Ante tal atolladero, y a pesar de los intentos de mediación de los gobiernos progresistas de la región (Brasil, Colombia y México) “quienes piden una verificación imparcial de los resultados”, se sigue a la espera de las actas oficiales (el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado los resultados, centro por centro, como se suele hacer desde estos últimos veinte años).
En cambio, la represión va agudizándose. Al menos 25 personas han muerto y más de 2.500 han sido encarceladas en juicios sumarios acusadas de “terrorismo”. El Parlamento está aprobando varios proyectos de ley destinados a limitar el derecho de asociación, a controlar las redes sociales y, de manera más general, a criminalizar toda forma de oposición a lo que el gobierno califica de nuevos intentos de desestabilización. Si el heredero del chavismo se ha visto obligado a recurrir a semejante violencia, es sobre todo porque el país lleva muchos años al borde de la implosión, y los de abajo ya están exhaustos. El “poder popular” y los llamamientos al “socialismo del siglo XXI” de 2006-2013 parecen ahora muy lejanos. La economía venezolana, en crisis, sigue dominada por una minoría, en la que la “boliburguesía”, los militares y los burócratas se reparten la mayor parte, mientras continúan las prácticas corruptas y clientelistas aumentando las zonas francas, el extractivismo depredador y los ataques al derecho de huelga. Además, las numerosas sanciones y la constante presión intervencionista impuestas por Estados Unidos (como por por la Unión Europea) asfixian dramáticamente al país y alteran aún más las condiciones de vida de la mayor parte de la población.
En este contexto, el PIB se ha hundido un 80% y los índices de desarrollo humano están en caída libre. Y son sobre todo los trabajadores y las trabajadoras, las clases populares, quienes pagan el precio más alto. El salario mínimo ronda los 5 dólares al mes, mientras que los organismos internacionales fijan el umbral de la pobreza extrema en 57 dólares. Entre 6 y 7 millones de venezolanos, casi una cuarta parte de la población del país, han tenido que huir de su país.
Es evidente que el NPA-L'Anticapitaliste no se deja engañar por la agenda de la extrema derecha venezolana, encarnada por María Corina Machado, respaldada por Washington y varios gobiernos conservadores latinoamericanos, que ocupa un lugar destacado en la oposición. Su política no será de ninguna ayuda para las clases trabajadoras, ya que es ultraliberal, proimperialista y ha llamado repetidamente a un golpe militar: su política es claramente reaccionaria, al igual que las de su amigo Javier Milei, el presidente argentino. Y el apoyo dado a Nicolás Maduro por China, Rusia y Turquía, principales socios comerciales y militares del país, no ayudará a encontrar una salida emancipadora a la crisis.
Pero hacer la vista gorda ante los excesos autoritarios del madurismo, como lo está haciendo cierto movimiento de izquierda aquí y en América Latina, sería invisibilizar a todos los que, en Venezuela, luchan desde el antiautoritarismo, la democracia y la justicia social, y privarlos de nuestro apoyo internacionalista. Desde organizaciones de izquierda y movimientos anticapitalistas, unidos en particular dentro de “La otra campaña” y el “Frente Popular Democrático”, hasta diversos grupos de sindicalistas en lucha, colectivos vecinales, comunas surgidas del chavismo crítico y todxs los ciudadanos comprometidos : es a ellos y ellas a quienes enviamos nuestra solidaridad, porque se trata de no permitir que la extrema derecha ocupe el centro del escenario, e impedir que se cubra con el ropaje de “defensora de la democracia” frente al madurismo.
Sobre estas bases, el NPA-A ha firmado un comunicado conjunto con varias otras organizaciones políticas de la izquierda francesa y llamamos resueltamente a la constitución de una amplia red de solidaridad internacionalista con el pueblo venezolano.
Reiteramos también nuestro rechazo radical a toda injerencia imperialista, cuyo objetivo claro -una vez más- es controlar la riqueza petrolera de Venezuela (la mayor reserva del planeta).
¡Corresponde al pueblo venezolano, y sólo a él, determinar su futuro político!
Montreuil,
Francia, 22 de agosto de 2024